PSOE-A avisa de la “ilegalidad” de que el decreto de simplificación meta “de tapadillo” que una entidad privada pueda certificar urbanísticamente como un funcionario
El portavoz del Grupo Socialista en Presidencia, Josele Aguilar, ha criticado que el gobierno de Moreno Bonilla “haya colado de tapadillo” en el decreto de simplificación administrativa que un particular pueda sustituir el informe urbanístico de un funcionario por el de un profesional privado contratado por él mismo, algo que ya se intentó con la Lista y que supone “una ilegalidad”.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento, Aguilar ha explicado que el artículo 117 de este decreto plantea que las entidades urbanísticas certificadoras privadas puedan emitir informes o certificados que “puedan surtir efectos equiparables al informe técnico en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación, en los términos establecidos reglamentariamente”. Tal como ha explicado, el PP ya intentó incluir esto en la Lista, pero hubo un “contundente” dictamen del Consejo Consultivo en el que se advertía de su “ilegalidad e inconstitucionalidad”.
🔴 El decreto de simplificación de Moreno Bonilla es una CACICADA.
— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) February 21, 2024
No solo ha intentado colar su ley de regadíos en Doñana. También, meter de tapadillo que un profesional privado pueda certificar, en vez de un funcionario, que algo es acorde a la normativa urbanística.
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“Moreno Bonilla es líder en trampas y engaños”, ha dicho Aguilar, que ha dejado claro que este decreto de simplificación es “inaceptable” y será “inútil”, como los tres anteriores, además de ser “dudosamente democrático y constitucional”. A todo esto, añade el “esperpento” de que Moreno Bonilla ya haya anunciado que lo va a modificar tras la “deslealtad” de intentar meter la modificación de forestal a regadío de los terrenos de Doñana, copiando el texto de la proposición de ley que el PP se había comprometido con el Gobierno de España a retirar.
Ha calificado como “auténtica cacicada y chapuza” que Moreno Bonilla “imponga el rodillo de su mayoría absoluta” sacando adelante unilateralmente este decreto de simplificación silenciando a los grupos políticos, instituciones y agentes.
“No hay razón alguna que justifique la urgencia”
Además, Aguilar ha criticado que el gobierno de Moreno Bonilla pretenda “ventilar” a los grupos de la oposición con “un debate de diez minutos ante un decreto que modifica 176 normas de 57 leyes y que se ha tardado año y medio en elaborar. Ha considerado que “no hay razón alguna que justifique la extraordinaria y urgente necesidad” para tramitar esta modificación como un decreto en vez de como un proyecto de ley.
“Esto es una simplificación legislativa o parlamentaria dudosamente democrática y dudosamente constitucional”, ha sentenciado el socialista, que ha insistido en que “no es un decreto de simplificación administrativa sino un decreto omnibus al estilo Milei”, en el que se han incluido todo tipo de normas que “nada tienen que ver” con reducir los trámites administrativos.
Para Aguilar, “el colmo de la desfachatez es incluir el cambio de la Ley Forestal de Andalucía que se proponía en la Proposición de Ley sobre Doñana que el PP presentó junto a Vox y que Moreno Bonilla se había comprometido con el Gobierno de España a retirar. Al respecto, ha recordado que el gobierno de Moreno Bonilla ha pasado de insultar al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, con este asunto el lunes “por descubrir públicamente este burdo engaño” a “casi pedir disculpas y decir que lo rectificarían”.
“Un campo abierto para las privatizaciones”
Asimismo, ha criticado que la norma es “claramente desreguladora y libralizadora” al “volar por los aires” los controles previos y la publicidad de los procedimientos. Además, supone “un campo abierto” para procesos especuladores y privatizaciones y tampoco aborda la “evidente falta de medios y recursos personales” de la Administración.
Entre otras cosas, se elimina también la Comisión de Impacto de Género en el presupuesto, las auditorías y la obligatoriedad de que la Cámara de Cuentas fiscalice el impacto de género. “Esto demuestra que Moreno Bonilla tiene en este punto el mismo pensamiento de Vox y que aplica las políticas que Vox defiende sin necesitar sus votos”, ha concluido.
