María Márquez: “Moreno Bonilla no tiene otra opción más que votar en contra de la Ley de la Discordia”

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha llamado la atención sobre el hecho de que Moreno Bonilla “haya rectificado” su posicionamiento respecto a la “Ley de Discordia” que presenta Vox hoy en el Pleno del Parlamento, con la que se pretende tumbar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra. “No tiene otra opción que votar en contra de una propuesta que ha generado contestación social”, ha advertido.

El Grupo Socialista votará en contra de una iniciativa centrada en “destruir y en volver a sembrar la división entre unos y otros”, tal como ha indicado Márquez, que ha apostado por el cumplimiento de las disposiciones de los organismos internacionales en materia de memoria histórica. “Para nosotros, este punto es muy importante”, ha apostillado.

Asimismo, durante su intervención en una rueda de prensa en el Parlamento, Márquez no ha ocultado su satisfacción tras la aprobación el martes en el Congreso de los Diputados, sin votos en contra, de la proposición de ley impulsada por el PSOE andaluz para impulsar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. “Para los socialistas andaluces fue un día muy importante y conseguimos liderar un debate que afecta a muchas familias andaluzas”, ha dejado claro, recordando que el acceso a la educación de 0 a 3 años “en igualdad de condiciones, más allá de situación económica”, es una de las prioridades políticas del PSOE. “Somos un partido útil en el gobierno y en la oposición”, ha sentenciado.

En este sentido, ha insistido en que ahora a la Junta le toca “dar un paso más” y ha pedido a Moreno Bonilla, que “presume de tener superávit y de que le sobra el dinero”, que haga “un esfuerzo” y otorgue fondos para que “la educación de 0 a 3 años sea en igualdad de oportunidades”. Márquez ha recordado que la escolarización es alta en este tramo de edad por parte de las familias que tienen la plaza bonificada en su totalidad y las que tienen un alto poder adquisitivo, centrándose el problema de acceso en aquellas familias que están en una franja intermedia, para las que pagar 200 euros puede suponer un “esfuerzo inasumible”.