Juan Espadas anuncia la presentación de una queja ante el CGPJ por los “inaceptables” intentos del Gobierno de Moreno Bonilla de “orientar” al TC
El portavoz del Senado y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, en la que ha informado sobre la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que “llame al orden” al Gobierno de Moreno Bonilla tras su “intromisión inaceptable” sobre las competencias del Tribunal Constitucional (TC) respeto a la sentencia de los ERE.
En rueda de prensa, tras la Junta de Portavoces del Senado, Juan Espadas, ha criticado el “inaceptable” intento de “orientar” a los magistrados del TC ante la postura mostrada y las declaraciones realizadas desde el gobierno del PP andaluz, como las del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
“El PP, que da lecciones sobre el respeto a la separación de poderes, no tiene el más mínimo empacho en desaconsejar a los magistrados del TC para que estudien o discrepen sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Es inaceptable y, desde el PSOE, vamos a plantear una queja ante el CGPJ para que tome cartas en el asunto y llame al orden al presidente Moreno Bonilla y a sus consejeros”.
Espadas ha considerado “inadmisible e intolerable” que el portavoz del Gobierno andaluz y el consejero “duden u orienten sobre lo que debe ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional”.
“Ya está bien de dar lecciones sobre el respeto a los jueces. El PP no puede creer que el ámbito judicial es un coto sin vallar en el que ellos pueden opinar y los demás deben estar calladitos”, ha concluido.
“El decreto de simplificación da un tajo al ordenamiento de Andalucía”
Por otra parte, Juan Espadas ha mostrado la satisfacción del Grupo Socialista por la admisión a trámite por parte TC del recurso planteado por 50 senadores socialistas contra el cuarto decreto ley de simplificación administrativa del Gobierno de Moreno Bonilla.
“Es un recurso importante y esperemos que siente doctrina en relación con lo que entendemos que es el abuso de un instrumento que sólo se puede utilizar en casos de extraordinaria y urgente necesidad, como es el decreto ley, con suficiente carga argumentativa y de fundamentación jurídica de la que carece, a nuestro juicio, este decreto ley”, ha indicado.
Espadas ha destacado cómo el presidente de la Junta de Andalucía “cuando habla del balance de su gobierno en estos dos años sólo habla de dos cosas, de su decisión fiscal de bajada de impuestos a las grandes fortunas de Andalucía y de su decreto de simplificación”. De ahí que, ha asegurado que no se está hablando de “un asunto menor, incluso en la opinión de Moreno Bonilla, sino de uno de los dos hitos de su gobierno”.
El líder de los socialistas andaluces ha criticado que para Moreno Bonilla, la simplificación administrativa ha sido “darle un tajo, prácticamente, al ordenamiento jurídico en Andalucía, en un trabajo en el que han estado más de un año”.
“Por tanto, ni urgente ni extraordinaria necesidad que lo avale, pero sí se han suprimido de un plumazo infinidad de normas del ordenamiento jurídico que fundamentalmente tenían el objetivo del control por parte de la administración de asuntos importantes en materia medio ambiental o urbanística, y también de informes preceptivos por parte de órganos consultivos que finalmente desaparecen de un plumazo de la arquitectura de la Administración andaluza”, ha añadido.
Para Espadas, “esto es un proceso de desprotección, de liberalización clara de controles en una serie de asuntos que no se justifican desde el punto de vista de lo que la administración debe dar a los administrados, que es tranquilidad y garantía de control de los procedimientos y de las autorizaciones que se produzcan y que cuenten con todos los requisitos”.
Así, ha destacado que el proceso no sólo “nos parecía arriesgado y peligroso en términos de seguridad jurídica”, sino que también se había elaborado sin muchos de los informes preceptivos si se hubiera tramitado como proyecto de ley.
“Al no tramitarse así lo que se causa no sólo es un daño en esa seguridad jurídica, por la carencia de esos informes, sino que además se produce la ausencia, el vaciamiento, de la propia actividad del Parlamento de Andalucía, que es el que representa a los andaluces y andaluzas. Los grupos políticos no han podido participar en una norma tan importante que recorta y que claramente da un hachazo a los mecanismos de control de los que nos hemos ido dotando a lo largo de todos estos años de autonomía andaluza”, ha recalcado.
Consenso para cambiar el modelo de financiación
En cuanto al modelo de financiación, Juan Espadas ha pedido al PP “serenidad y voluntad de acuerdo” para alcanzar con las CCAA un consenso sobre el “necesario” nuevo sistema, ya que el actual está “caducado desde hace años y es claramente injusto con regiones como Andalucía, Murcia o Comunitat Valenciana”.
“Este nuevo modelo requiere de un consenso de las comunidades autónomas con el Gobierno, que no ha sido posible hasta ahora. Es una decisión que no se pude imponer”, ha explicado.
Así, según ha señalado, “las declaraciones que oímos sobre la financiación se enmarcan en la necesidad de que Cataluña tenga un nuevo modelo de financiación y que se tengan en cuenta a las singularidades de esta autonomía”.
En este sentido, ha considerado que “el debate debe hacerse con serenidad, sin plantear la estrategia preventiva con agravios comparativos. Hay que esperar y escuchar las propuestas concretas”.
El líder de los socialistas andaluces ha insistido en reclamar al PP que “colabore para llegar a puntos de encuentro y a una solución armonizada”. Así, ha recordado que, en estos últimos años, con el mismo modelo de financiación autonómica, “se ha tenido un Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, que ha actuado de forma diametralmente opuesta al anterior” y ha transferido a las comunidades más de 280.000 millones de recursos, que “brillaron por su ausencia con Rajoy”.
Para Juan Espadas, “no es un problema de transferencias de recursos, sino de tener un modelo justo de financiación entre comunidades”, entendiendo que esa justicia “se debe medir para que haya una situación equilibrada que compense las desigualdades”. “Los españoles y españolas deben ser iguales en el territorio más allá de donde vivan y se les debe garantizar la suficiencia y la adecuada prestación de los servicios públicos”, ha concluido.
