El PSOE-A destaca que la Fiscalía Anticorrupción apunta “al mismísimo consejo de gobierno” en el caso de los contratos de emergencia del SAS

“Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de emergencia efectuada”. Esta es una de las conclusiones del informe de la Intervención de la Junta de Andalucía, de los años 2022 y 2023, destacada por el coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, en su intervención ante el pleno. Una intervención en la que ha insistido en que desde el gobierno de Moreno Bonilla “no han respetado la legislación vigente” y cómo la Fiscalía Anticorrupción “apunta al mismísimo consejo de gobierno” al pedir todos los informes y acuerdos que avalaron la decisión de eliminar los controles previos que existían para contratar por emergencia en el SAS.

Márquez ha recordado que hay hasta 19 informes “demoledores” de la Intervención y que se trata de “un caso de una enorme gravedad, con un grosero menosprecio a la legalidad, y con un claro menoscabo de los recursos públicos”.

“No se trata de meras irregularidades administrativas o de expedientes aislados, es un modus operandi mantenido a lo largo de los años”, ha insistido el parlamentario socialista, que ha criticado cómo a través de este procedimiento se han quitado recursos de la sanidad publica para dárselos a clínicas privadas “que no sabemos si reúnen los requisitos de capacidad”. 

Márquez ha denunciado, asimismo, cómo, según la Intervención, no se ha comprobado que lo ejecutado se corresponde con lo contratado y pagado.  “Un auténtico descontrol y desmadre de gestión”, ha subrayado.

El coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista ha insistido en la existencia de 19 informes negativos que ponen de manifiesto que había “un modus operandi, mantenido a lo largo de los años, para contratar a dedo, y para quitar recursos del sistema público de salud y derivarlo, de forma irregular, a la sanidad privada”.

“Informes demoledores que nos llevan a la conclusión que todo, absolutamente todo el sistema de contratación del SAS, esta viciado y contaminado de irregularidades”, ha destacado.

Márquez, que ha calificado como “muy grave” la situación, ha asegurado que ésta “se podía haber evitado” si el consejo de gobierno del 6 de octubre de 2020 no hubiese eliminado los controles previos que hasta entonces existían para contratar por emergencia en el SAS.

“Esa fue la decisión clave, ese consejo de gobierno fue el epicentro, el desencadenante de todo un sistema de contratación irregular, con menoscabo de fondos públicos, que se pudo haber evitado”, ha aseguardo.

Es por ello por lo que, ha indicado, la Fiscalía Anticorrupción “apunta al mismísimo consejo de gobierno, y pide los expedientes, la totalidad de los informes y acuerdos que avalaron esa irresponsable decisión”.

Márquez ha insistido, además, en que “no es verdad” que se contara con informes jurídicos que avalaran más de tres años de contrataciones de emergencia. No es verdad, ha explicado, por dos razones. La primera de ella, ha dicho, porque ni había una licitación ordinaria en marcha con tres meses de antelación, que es una condición sine qua non,  ni se respetó el plazo máximo de nueve meses que tenían como límite, sino que se mantuvo más de dos años y medio”. Y la segunda razón, según ha indicado, es que los informes de la Intervención “tumban, desmontan de forma clara y precisa, los argumentos esbozados en esos informes jurídicos internos para justificar la necesidad de acudir a la contratación de emergencia”. 

De ahí que el parlamentario socialista haya subrayado que “por eso no hay aval jurídico alguno, sino todo lo contrario, es que lo que hoy presentan como aval, se le volverá en contra, y será una prueba más, de que todo lo realizado se ha hecho con claro menosprecio al ordenamiento jurídico”.

Rafael Márquez ha asegurado, además, que “tampoco es verdad que esto se acabara en mayo de 2023”, ya que, ha recordado, cómo se ha conocido que la actual directora general del SAS “extendió los efectos de esta contratación irregular, a través de la firma de adendas en enero y julio de 2024”, en la que se aumentaba el dinero que podían gastar determinadas clínicas privadas.

“Los andaluces merecen conocer la verdad, los andaluces merecen saber por qué con más dinero que nunca, su sanidad pública, funciona peor que nunca, y en todo esto de los contratos de emergencia, nos tememos que hay parte de esa explicación”, ha concluido Márquez.

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noviembre 27, 2024
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